MADRID.— Fuertes vientos de corrupción y espionaje interno sacuden hoy al opositor Partido Popular (PP) de España y alimentan la intensidad de un huracán político con epicentro en una implacable lucha por el poder.

La guerra intestina quedó en evidencia en marzo pasado tras la derrota electoral del líder del PP, Mariano Rajoy, y tiene en uno de los frentes a la titular del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre.

Discípula sobresaliente del ex presidente español José María Aznar y del PP, la gobernante madrileña ocupa ahora el centro de un sonado escándalo de espionaje dentro de su propia administración, revelado hace un mes por el diario El País.

A esa trama se le acaba de agregar un caso de corrupción relacionado con un grupo de personas que obtenían, a través de varias sociedades, contratos en gobiernos locales dirigidos por el PP.

Y por si fuera poco, el pasado viernes salió a la luz pública que el principal candidato del PP para las elecciones de Galicia, Luis Carrera, fue retirado de la contienda tras conocerse que cobró comisiones por 240 000 euros por intermedio de un paraíso fiscal y sin pagar impuestos.

En el primer caso, se trata de una red de agentes que espiaron a altos cargos del gobierno de Madrid, y que fue creada, según El País, por el consejero de la Presidencia, Justicia e Interior de ese gabinete, Francisco Granados, para el seguimiento de figuras políticas.

Ese aparato, integrado por ex policías y ex guardias civiles, conseguía datos reservados, al margen del control político o legal, a través de sus propias pesquisas y de contactos en los órganos policiales.

La trama provocó una andanada de críticas contra la presidenta Aguirre, a quien se señala como eje central de la madeja de espías, y derivó ahora en la creación de una comisión investigadora, aunque dirigida por el propio PP.

Mientras, el arresto de cinco personas por orden del juez Baltasar Garzón detonó otro escándalo de corrupción. Entre los arrestados están los empresarios Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de Organización del PP, y Francisco Correa Sánchez, señalado como amigo íntimo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente Aznar.

Sobre los detenidos pesan acusaciones por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.