El mercado de la calle Egido, en el municipio de La Habana Vieja, se halla a tope. Sobre las tarimas, 54 renglones entre viandas, frutas, granos y hortalizas. Piñas que pueden adquirirse por 10 ó 15 pesos, aguacates que van desde 8 hasta 10, habichuelas a 4 pesos la libra y cuatro variedades de frijol.

La variedad y la presentación son algo generalizado.

Estamos en el reino de un supuesto libre juego entre la oferta y demanda. Una oferta muy curiosa. Porque los vendedores se rigen por una especie de pacto: fijan los precios a una misma escala. El que se atreva horas antes de caer la tarde a realizar una rebaja, aunque sea mínima, se convierte en elemento indeseable. Solo perdonan al que posea una mercancía muy deteriorada y requiera pronta liquidación.

Sean frescas o amarillentas, difícil que las habichuelas bajen el precio de la libra. "Y valga que las pesan", comenta una anciana que busca vegetales para complementar su dieta, "porque cuando las venden por mazos a 7 u 8 pesos hay que ‘adivinar’ el que tenga más".

Surtido y rango de precios muestran un idéntico comportamiento en los restantes 37 mercados de este tipo en la capital. Solo se registran ciertas variaciones según la ubicación de estos y el perfil socioeconómico de los potenciales compradores. Egido es un poco menos caro que el de 19 y B (Vedado) y 42 y 19 (Playa). "Los tarimeros piensan que en Miramar y cerca de La Rampa, la gente tiene más plata", dice Andrés Luzardo, un economista retirado que pagó en 19 y B unos tristes cebollinos como si fueran pepitas de oro.

El mercado de 42 y 19, en el municipio de Playa, es uno de los más concurridos por su ubicación geográfica.

A pesar de ello Maida López, de La Habana Vieja, afirma que caro o barato, en estos mercados se encuentran, por lo general, algunos productos que dadas sus características tienen escasa presencia en los mercados estatales. El asunto está, afirma, en lograr que esa comercialización sea legal, transparente, y no apelar a soluciones extremas. Puede ocurrir que entonces quienes criticábamos los mercados de los llamados de oferta y demanda, al no tener toda la información y tampoco dónde adquirir el producto, nos convirtamos en sus defensores. De esto hay experiencias nada positivas.

Sonia López coincide en que "algo debe hacerse". Pero comparte la inquietud de Maida ante el temor de que determinados renglones, esos que no se consumen todos los días, de pronto desaparezcan y retornemos a la etapa en que en el barrio o la ciudad no se conseguían a ningún precio.

¿Puede prescindir el consumo poblacional de estos mercados? ¿Son abusivos o permisibles los precios de sus productos? ¿Debe el Estado intervenir en ellos para regular la oferta?

Los clientes tienen la posibilidad, algo que no siempre hacen, de comprobar el peso de los productos que adquieren.

Si nos atenemos a las estadísticas, los mercados de oferta y demanda (MOD) mueven aproximadamente un 5% de los productos agrícolas que se comercializan en la urbe. Pero en ellos se eroga hasta el 9% de lo que el bolsillo de los capitalinos dedica a comprar estos productos. Pero esos datos porcentuales se comprenden mejor al compararse con la dimensión de la red de mercados agropecuarios estatales (MAE), que dispone de 308 establecimientos diseminados en los 15 municipios e igual número de puntos de venta de verduras, hortalizas y condimentos frescos vinculados a la agricultura urbana y a otras formas de organización productiva.

Sucede que en aquellos hay lo que no ofrecen los otros. Aunque la mayoría de la población compra en los MAE, por necesidad tiene que acudir a los primeros —si el dinero se lo permite— y no precisamente para darse un gustazo.

Ahí está el caso de los frijoles, cuya cuota normada, como se sabe, no alcanza para transitar el mes. Durante la primera quincena de octubre brillaron por su ausencia en los MAE y solo a partir de las disponibilidades sobrantes de las existencias dedicadas a semillas, se vieron, en determinadas cantidades, en la red más popular.

Justamente octubre fue un mes de grandes tensiones y ostensibles asimetrías en la comercialización de productos del agro. Frank Silva, viceministro de Comercio Interior, nos ilustró al respecto. En los 308 MAE hubo una presencia estable de arroz, boniato y ajo. Se registró una cobertura aceptable, aunque descendente como era de esperar, de plátano en sus variedades de vianda y fruta. Pero el día que lo entrevistamos, por ejemplo, solo había col en 78 establecimientos. Y la existencia de unas cuantas toneladas de pepino no pasó de ser una opción simbólica en la geografía capitalina.

Aunque los precios son mayores, las ofertas en estos mercados constituyen, por ahora, una alternativa en determinados renglones.

"La gente sabe —explica— que por las características estacionales de una parte de los cultivos, no siempre va a haber de todo. Y que hay meses de mayor abundancia. Pero también sabe que la estructura del surtido en los MAE es insuficiente".

Admite que todavía el sistema de distribución no está en condiciones de garantizar la estructura de viandas y la calidad que la población demanda. Hoy se dan los primeros pasos para lograr que la cadena logística funcione, ganar en calidad y eficiencia y consolidar el sistema.

El balón no está solamente en manos de los productores, que en el territorio habanero dan una respuesta a partir de decisiones estatales al garantizar recursos e incentivos, y sobre todo una mejor organización y, por supuesto, la voluntad política.

Tal respuesta debe ser mucho más visible, y más temprano que tarde mediante el rigor de los compromisos y las contrataciones. ¿Y cuando el balón pasa a la cancha de la distribución y la comercialización?

"Ese es un problema que tenemos que solucionar —afirma el viceministro—. Al disponer de diversas cantidades de productos, hemos concebido un escalonamiento de los MAE, de manera que les demos cobertura a todos los municipios. Nuestro mayor énfasis está en que no puede haber demora en los mercados concentradores. La dinámica y la organización en el desempeño de estos, deben mejorar gradualmente y alcanzar, en fecha no lejana, un estadio superior, ese que tanto la población reclama. Estos son apenas estaciones de paso, no almacenes. Luchamos por hacer comprender —subraya el viceministro— a los encargados de la distribución, que la mercancía solo se realiza en la tarima, cuando la compra el consumidor, y no en las naves ni en los camiones.

"Reconocemos que el nuevo sistema de distribución y comercialización, en el cual desempeñan un papel decisivo dos empresas, la que se encarga de enlazar la producción con el destino y la Provincial de Mercados, no ha madurado en la práctica de acuerdo a su diseño, que es el más racional, lógico y potencialmente eficiente. Por eso dedicamos buena parte de cada jornada a acorralar los problemas, hallar soluciones y lograr satisfacer las expectativas en un tema tan sensible como la alimentación.

"Está claro para nosotros que los MAE deben estar a la cabeza en las opciones de compra de la población. Que si bien es imposible, de momento y aun contando con los volúmenes contratados para los próximos meses, que cada uno de los 308 establecimientos tenga los 24 productos jerarquizados, al menos los ciudadanos sepan que en cada municipio hay centros donde estén accesibles a precios razonables."

"Siempre habrá espacios para la libre concurrencia", expresa categóricamente Jorge García, director de la recién creada Empresa Provincial de Mercados.

El intercambio entre el cliente y el “tarimero” es algo común en este tipo de comercio.

"El principio —puntualiza— es que en esos lugares se comercialice el excedente de las producciones contratadas y aquellos renglones que por sus especificidades no pueden ni deben obedecer a una lógica distributiva estatal. Aunque el Estado, por vía de esta empresa, subordinada al Consejo de la Administración en Ciudad de La Habana, gestione esos mercados y vele porque lo que allí transcurra responda a la legalidad."

Sin embargo, debemos reconocer que en el espejo donde se mira el consumidor día tras día, no es posible encontrar todavía esa imagen. Los reporteros de Granma tomaron la temperatura de una jornada en la unidad de 42 y 19 (Playa) y confrontaron varias aristas peliagudas.

De los 38 concurrentes a las tarimas ese día, solamente cinco, así lo corroboró su administrador, Denis Sánchez, estaban vinculados a la producción.

Después del embate de los huracanes del año pasado, se situaron precios topados para los MOD, por encima de los que rigen para los MAE, pero encaminados a poner coto a la desenfrenada especulación.

"Cuando me hice cargo de este establecimiento —cuenta Denis—, la pizarra con esa relación estaba rota en un rincón. Ahora el público la ve y exige. Yo sé que es difícil para el comprador que ahora, cuando la cosecha no ha empezado, el poquísimo tomate que llega, por cierto de calidad inferior, esté a 10 o 15 pesos la libra. En el listado se especifica que no debe pasar de 5 pesos. Al encarar la situación, en defensa del consumidor, la respuesta de los intermediarios fue no vender más tomates."

Denis sale en defensa del consumidor: "Vean aquí lo estricto que somos con el pesaje. A medida que pasan los días, los vendedores son mucho más precisos a la hora del servicio. Porque conocen que la pesa de comprobación dice la verdad y no cedemos ante nada".

Pero también aclara una cuestión ética: "Entre los vendedores aquí me he tropezado con muchas personas honradas. Intermediario no es sinónimo de ladrón o especulador. Es una figura necesaria puesto que el productor, si de verdad lo es, está en el campo, metido en la tierra y le es totalmente imposible comparecer con sus productos. Sucede que hay mediaciones y mediaciones, y aprovechados y sinvergüenzas. A estos no los toleramos".

A partir de este primero de noviembre, una de las medidas dirigidas a poner orden en los MOD pasa por la inclusión del origen de los productos en la declaración jurada de los vendedores.

"Era algo imprescindible en el ordenamiento de la comercialización —aclara el viceministro Silva—, para cerrarles el paso a desvíos de mercancías e irregularidades en el tránsito de la producción al consumo y proteger a quienes actúan conforme a la Ley."

La nueva disposición ha generado inquietud entre vendedores y compradores; en unos, porque no se ha explicado argumentada y serenamente la medida; en otros, después de experiencias traumáticas como la vivida el último 10 de octubre en Playa. Ese día intempestivamente en medio de una jornada de asueto, centenares de consumidores tuvieron que regresar a casa con las jabas vacías, debido a un operativo que cortó las ventas, lo cual hizo comentar a algunos: "Para tronchar las ilegalidades, ¿habrá que botar el sofá?"

Y llegó a decirse, incluso, que el estado cerraría esos mercados, criterio que desmintió el viceministro.

"Tarimeros" y administradores se quejan de los excesivos cambios en las orientaciones, que lejos de despejar un rumor o situación, los empeoran. A veces reciben circulares que cancelan o regulan disposiciones anteriores. Estas, por lo general, son difíciles de entender porque no todos los mercados poseen personal calificado para ello. Les molesta, y así lo reiteraron, que los midan a todos con el mismo rasero. Están de acuerdo con que eliminen a los violadores pero que a los demás "nos dejen cumplir nuestra misión; para eso existen inspectores y autoridades".

"Si el control es cotidiano y verdadero, es decir, si combatimos todo tipo de ilegalidad o de convivencia con la corrupción, que es lo mismo —asegura Jorge García—, no hay por qué llegar a situaciones extremas.